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Un importante paso dio este jueves la contrapropuesta del Gobierno para el retiro de ahorros previsionales: fue aprobado, por amplia mayoría, por el Senado, en su primer trámite legislativo.
El proyecto de ley, que sufrió importantes modificaciones, obtuvo 35 votos a favor -al menos 15 de la oposición-, y solo uno en contra y cinco abstenciones.
Ante de su votación en Sala, en su paso por las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo la iniciativa fue modificada en casi todos sus puntos, quedando muy diferente a lo originalmente propuesto por La Moneda y resultando lo más parecido al primer retiro.
En ese trámite se eliminó el reintegro obligatorio y también quedó sin las exclusiones que establecía para quienes podían retirar fondos, dejándolo universal.
Asimismo, se aumentó el máximo a extraer, de 100 a 150 UF -como el primer retiro-, y se redujeron los plazos para el pago en dos cuotas: de 60 días hábiles para la primera y 10 días para el segundo, se disminuyó a 15 días hábiles para la primera y el mismo plazo para la segunda.
VOTACIONES SEPARADAS SIN FRUTO
Luego se dio paso a otras votaciones sobre el proyecto, luego de que senadores pidieran analizar por separado otros puntos.
Uno de ellos era respecto a una indicación del senador Carlos Bianchi, que buscaba dejar el pago en una sola cuota, sin embargo, luego decidió quitar su petición. De esa forma, el proyecto quedó con las dos cuotas propuestas por el Gobierno.
Otra votación pendiente era una indicación de los senadores Bianchi, Adriana Muñoz (PPD) y Yasna Provoste (DC), que aboga por eximir del pago de impuestos por el retiro de fondos. Sin embargo, fue declarada inadmisible puesto que las modificaciones en materia tributaria son facultad del Ejecutivo.
Así las cosas, la iniciativa del Ejecutivo fue despachada a la Cámara de Diputadas y Diputados para su segundo trámite.
LA DISCUSIÓN POR LOS IMPUESTOS
El primer retiro eximió de impuestos a todos quienes retiraran, mientras que en su proyecto, el Gobierno no exime a nadie de quienes, según la ley, deben tributar según su nivel de ingresos: actualmente, aquellos con rentas desde 700 mil pesos, aproximadamente.
La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, sostuvo que «una persona que tiene un sueldo de 6 millones de pesos y retira el máximo, que son 4,3 millones, pagará 1,5 millones de impuestos, y vamos a evitar que el Estado le entregue una franquicia tributarria de otro 1,5 millones más si lo inivirtiera en un APV. Esto es sumamente relevante y no se le ha tomado el peso».
A su vez, el titular de Hacienda, Ignacio Briones, expuso que «una persona que gana 1,5 millones de pesos, y retira un millón, va a pagar aproximadamente un impuesto equivalente a 3.300 pesos mensuales por un año, 40 mil pesos anuales. Yo pregunto si eso de verdad es un super impuesto».
Además, afirmó que «una persona que gane 1,5 millones de pesos, nos guste o no, está en el 10 por ciento de mayores ingresos de nuestro país; no es el más rico, pero está en la posición 90, y la persona más rica es la que está en el 100″.
Fustigó la posición del Ejecutivo la senadora Provoste, una de las que impulsó la fallida indicación para eximir de impuestos al retiro de fondos. A fin de cuentas, pareció ser una forma de llamar al Gobierno para que modifique su iniciativa y exima de tributos a quienes ganen menos.
Asimismo, acusó «doble estándar de este Gobierno, y en particular, del ministro de Hacienda, porque bajo su repartición está el Servicio de Impuestos Internos, y que hoy vengan a poner la atención en los bajos ingresos y a decir que ‘esto es un regalo’, como alguien dijo por ahí, no señores, el regalo se lo están haciendo a las grandes empresas, a Penta, a Ponce Lerou, a Jonhson, a Pascua Lama».
Más temprano, el mismo Senado rechazó -en segundo trámite- la reforma constitucional originada en la Cámara Baja para impulsar el segundo retiro, que el Gobierno ya impugnó ante el Tribunal Constitucional. De esa manera, ese texto pasará a comisión mixta de senadores y diputados.
Para ello fue clave el retracto de los cinco senadores oficialistas que habían comprometido su voto para la reforma constitucional, pero que finalmente terminaron apoyando la iniciativa del Gobierno.