El caso de la desaparición de María Ercira Contreras Mella, de 86 años, en Limache dio un giro inesperado cuando la Fiscalía amplió el secreto investigativo, lo que impidió que la familia y su abogado, Juan Carlos Manríquez, tuvieran acceso a los avances de la investigación.

Según información proporcionada por La Tercera, la medida fue tomada por el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez Psijas, quien alegó que aún se estaban llevando a cabo varias diligencias desde el 12 de septiembre de 2024.

El 6 de diciembre, cuando el secreto se levantó, la familia de Contreras pudo conocer los detalles de la investigación. Entre las medidas realizadas por la Fiscalía, destaca que los teléfonos de los familiares fueron intervenidos, y uno de los hijos de la mujer, José Luis Hernández, se mantiene como “sospechoso”, lo que es rechazado desde el entorno familiar.

Según fuentes cercanas al caso, la principal razón de este señalamiento es que Hernández apagó su teléfono móvil durante el almuerzo familiar del Día de la Madre, celebrado el 12 de mayo en el Hotel Fundo Las Tórtolas de Limache, lo que suscitó sospechas entre los investigadores.

Por su parte, la familia alega que esto es un hábito de Hernández, quien apaga su teléfono los domingos para evitar interrupciones en su descanso.

Otro factor que llamó la atención de la Fiscalía fue la denuncia de Hernández por el robo de su camioneta y su teléfono en septiembre, pero hasta ahora ni el vehículo ni el dispositivo han sido recuperados. A raíz de estas inconsistencias, la Fiscalía extendió su investigación a todos los asistentes del almuerzo.

Una de las pistas más misteriosas se produjo cuando un mensaje de WhatsApp, enviado desde un número desconocido a un miembro de la familia, sugirió que María Ercira Contreras habría sido secuestrada por “sicarios” y llevada al sur del país.

El remitente se identificó como un trabajador del restaurante y afirmó estar amenazado. Este mensaje fue enviado antes de que se impusiera el secreto investigativo, y la Fiscalía está analizando la veracidad de estas declaraciones.

En tanto, el abogado de la familia defiende que no se trata de acusaciones directas, sino de una estrategia para agotar todas las líneas de investigación. Manríquez subraya que la Fiscalía tiene la obligación de explorar todas las posibles motivaciones, incluidos los familiares cercanos.

“No son sospechas propiamente tal sobre la familia, la policía tiene un deber completo de objetividad”, dice por su parte el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez.

Fuente: ADN Chile.