Rodrigo Díaz, intendente del Biobío, informó que se presentó un recurso de protección por la salud de los ex trabajadores de la mina Santa Ana, que llevan casi un mes protestando a 650 metros bajo tierra, solicitando la reactivación del yacimiento.

Junto a esto, la autoridad reiteró que los compromisos del Gobierno se cumplieron y que “hoy estamos en una situación distinta a la que había hace un año atrás, porque hay un liquidador y una junta de acreedores que son los responsables de sacar adelante ese proceso quiebra».

En ese sentido, explicó que existe un impedimento constitucional como Gobierno para concurrir con ayuda directa para que un particular se pueda hacer de la propiedad de un bien como la mina.

«No tenemos ninguna posibilidad como Gobierno y quienes le dicen a esos mineros de que nosotros tenemos una posibilidad de concurrir con ayuda para poder conseguir la propiedad de ese inmueble les están mintiendo», afirmó.

Finalmente, aseguró que “estamos disponibles para conversar, pero no bajo medidas de presión. No con personas en la mina, eso no corresponde. Estamos dispuestos a ayudar, pero dentro del proceso legal».