Con fecha once de septiembre, el Juzgado de Letras y Garantía de Curanilahue, emitió una sentencia que obliga al ex alcalde de la citada comuna, Ahimalec Benítez, a devolver 3,6 millones de pesos en razón de una acusación hecha por el municipio local, por apropiación indebida de dineros debido a la asignación injustificada de una asignación por incremento previsional.

El documento judicial, que es un fallo de primera instancia, dice, en lo principal, que ‘se acoge la demanda deducida a fojas 3, por don René White Sánchez, abogado, en representación judicial de la Ilustre Municipalidad de Curanilahue, representada legalmente por don Luis Gengnagel Gutiérrez (alcalde), todos ya individualizados, en contra de don Ahimalec Benítez Silva, ya individualizado, debiendo el demandado pagar a la actora, la suma de 90,50 UTM equivalentes a $3.627.692; más intereses y reajustes legales, desde la fecha de la mora’.

Asimismo, se precisa que ‘el pago deberá efectuarse a la demandante, dentro del plazo de diez días hábiles, desde que quede ejecutoriada la presente sentencia y se condena al demandado, del pago de las costas de la causa, por resultar totalmente vencido’.

Diario El Sur intentó sin éxito comunicarse con el hoy consejero regional de la Nueva Mayoría.

De acuerdo a lo que señalan los demandantes, en el desempeño de su cargo, el ex jefe comunal de Curanilahue, que estuvo a la cabeza de la ciudad de la provincia de Arauco entre los años 2001 y 2012, habría cometido estos ilícitos asignándose dineros de manera equivocada.

‘El demandado se asignó y percibió en forma indebida, la asignación denominada incremento previsional, establecida en el artículo 2 inciso segundo del decreto ley 3.501 de 1980, no obstante no reunir las calidades requeridas para su percepción, por no tratarse de una remuneración afecta a cotización previsional al 28 de febrero de 1981, agregando que el resumen de asignaciones indebidamente percibidas’, se lee en el documento del demandante.

Siguiendo la lectura de la sentencia judicial, se expresa que la Contraloría ya había determinado la existencia de la deuda, que en su origen alcanzó más de nueve millones de pesos.

De los cuales, al actual consejo regional le fueron condonados cerca del 40%. Sin embargo, Benítez sólo habría devuelto alrededor de 1.5 millones de pesos, quedando por pagar los restantes $3,6 millones, que son perseguidos respecto a su pago hoy.